Recull premsa Judici Penal de Lleida - gener 2008
Asociaciones
contra el acoso laboral se
concentran en Lleida al inicio del juicio contra una alta funcionaria
pública
Terra
Actualidad - Europa
Press
Representantes
de dos asociaciones contra el
acoso laboral, Mobbing No y
En el juicio,
la fiscal pedirá también el pago a
la víctima de 4.000 euros por las lesiones causadas. Por su parte, la
acusación
particular pide entre dos y cinco años de cárcel y una indemnización de
140.000
euros
Según el
escrito de acusación de
La fiscal
afirma que en el marco de esta dinámica
acosadora obligó a la víctima 'a hacer funciones de inferior categoría
a la de
oficial administrativa como la de conserje o auxiliar administrativa,
la
sobrecargaba de trabajo, así como de críticas hacia el mismo; y la ha
intimidado diciéndole que 'no pararía hasta que la echara de allí''.
El escrito
agrega que a consecuencia de este
trato, la oficial administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de
2002 por
un trastorno de acoso moral y psicológico. La fiscal apunta que aunque
después
se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha pedido bajas en
mayo de
2003, en agosto de ese año y en abril de 2004, cuando estuvo de baja
hasta
enero de 2005.
www.hispanidad.com/noticia.aspx
Cataluña: Primer caso en España de juicio penal por “mobbing” a una funcionaria
La Audiencia Provincial de Lérida, con fecha 25 de abril, ha emitido un auto de procesamiento penal contra Teresa Casals Escuer, jefa de Sección en Lérida de la Consejería de Política Territorial de la Generalitat, que lidera Joaquim Nadal Ferreres. La Sala de lo Penal de la Audiencia le acusa de un delito de coacciones a la funcionaria de la Consejería Begoña Solé. Tras un periodo de instrucción de dos años, los magistrados consideran que existen indicios de delitos y decretan la apertura de juicio oral.
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La Fiscalía pide 18 meses de prisión en el primer caso de “mobbing” en la Adminsitrción española |
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Los hechos afectan a Jordi Benet, hombre de confianza del conseller Joaquim Nadal en Lérida El fiscal del Juzgado número 4 de Lérida solicita 18 meses de prisión para Teresa Casals Escuer, jefa de Sección de la Conselleria de Política Territorial Obras Públicas de la Generalitat catalana, a cuyo frente se encuentra uno de los hombres-clave del socialismo catalán, Joaquim Nadal, por “mobbing” o acoso laboral. Es la primera vez que la Fiscalía exige una pena tan elevada y es, de hecho, el sumario más avanzado en materia de acoso laboral en toda la Administración pública española, en este caso, la catalana del Tripartito. No sólo eso. El juicio que se sigue contra Teresa Casals Escuer por acoso a la funcionaria Begoña Solé afecta al superior de ambos, delegado de la Consellería de Política territorial en Lérida y hombre de confianza del conseller Nadal, que ha tratado deparar el caso por todos los esfuerzos De hecho el sindicato UGT ha pedido la dimisión de Benet. El caso, del que ya se hizo eco Hispanidad, puede sentar jurisprudencia en un sector como la administración pública, poco permeable a las investigaciones judiciales. Por otra parte, la petición del fiscal llega en el peor momento para la Imagen del Tripartito y de la Administración pública catalana tras las denuncias por malos tratos a detenidos en las dependencias de la policía autónoma catalana (mossos d’esquadra). En el caso Solé, Nadal ha intentado de echar tierra sobre el asunto por todos los medios, por ahora sin resultado. |
Martes, 29/1/2008
Cataluña
La fiscal pide 18 meses de cárcel para una funcionaria de la Generalitat por 'mobbing'
LLUÍS VISA - Lleida - 29/01/2008
La fiscal solicitó ayer un año y medio de prisión y una indemnización
de 40.000 euros para Teresa Casals, jefa de sección de los Servicios de
Carreteras de la Generalitat en Lleida, por un presunto delito de
coacciones a una administrativa de su unidad durante nueve años. Éste
ha sido el primer caso de acoso laboral (mobbing)
cometido en la Administración española que llega a juicio. La acusación
particular pide para la Casals dos años y medio de prisión y una
indemnización de 140.000 euros por las secuelas psíquicas que padece la
víctima, Begoña Solé.
La fiscal considera que la acusada, superior jerárquica de la querellante entre 1996 y 2005, mantuvo hacia ésta una actitud continua de menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonase su puesto de trabajo. Durante ese tiempo la obligó a realizar funciones que no le correspondían por su categoría profesional de técnica administrativa, como la de conserje o archivera, la sobrecargaba de trabajo y la intimidaba diciéndole que no pararía hasta que la echaran.
A consecuencia de ese trato vejatorio, la trabajadora tuvo que pedir varias bajas entre febrero de 2002 y enero de 2005 por sentirse acosada moral y psicológicamente, y cuando se reincorporó a su puesto de trabajo persistió la situación, por lo que acabó presentando una querella criminal contra su jefa.
La vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida comenzó con la declaración de Casals, que desde hace un año ocupa otro puesto de trabajo en el mismo Departamento de Política Territorial. La acusada negó haber ordenado a su subordinada realizar trabajos de inferior categoría ni haberla amenazado con expedientarla para que la echaran del trabajo. "Todavía no entiendo cómo se ha llegado a esta situación con una persona a la que he dedicado más tiempo que al resto porque lo necesitaba más", declaró.
Por su parte, la denunciante, que entró con 19 años a trabajar en el departamento cuando las competencias eran del Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos a causa de la presión psicológica sufrida en el trabajo, explicó que todo comenzó al poco tiempo de incorporarse la acusada como jefa de sección, en 1993. "Su trato conmigo empezó a ser diferente del de con las demás", señaló. "Me criticaba todo lo que hacía y aprovechaba cualquier situación para decirme que era una inútil y que nunca aprendería a hacer bien el trabajo. Llegó a cronometrarme el trabajo, a prohibirme coger el teléfono, a ir a desayunar con mis compañeras de sección y también me obligó a archivar expedientes que nadie tocaba desde hacía 50 años y a sentarme en la mesa del conserje para que me viera todo el mundo".
Begoña Solé relató entre continuos sollozos diferentes episodios de acoso vividos en su puesto de trabajo y confesó que la situación llegó en algunos momentos a ser tan insoportable que incluso pensó en el suicidio
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sábado, mayo 05, 2007
“Mobbing” en el Tripartito
Siguen los abusos en la administración catalana. Según Hispanidad:
"La Audiencia de Lérida procesa a un alto cargo de la Consejería de Política Territorial, que lidera Joaquim Nadal".
"[La Audiencia] ha emitido un auto de procesamiento penal contra Teresa Casals Escuer, jefa de Sección en Lérida de la Consejería de Política Territorial de la Generalitat, que lidera Joaquim Nadal Ferreres. Casals es Cap de secció d'Actuació Administrativa i Regimen Sancionador del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, y la Sala de lo Penal de la Audiencia le acusa de un delito de coacciones a la funcionaria de la Consejería Begoña Solé. Tras un periodo de instrucción de dos años, los magistrados consideran que existen indicios de delitos y decretan la apertura de juicio oral".
"En estos dos años, la demandante aportó dos actas de la Inspección de Trabajo, que concluyeron en dos sanciones administrativos a la Consejería por valor de 5.000 y 40.000 euros respectivamente, por un ataque directo a la dignidad de la trabajadora y por adjudicarle trabajo de inferior categoría a los que le corresponden, trabajos "inútiles y penosos" (en concreto archivar papeles del año 1936). Ejemplo: archivar el expedientes de licencias de concesión de gasolineras de antes de la Guerra Civil, una tarea absolutamente prioritaria en la Administración pública catalana".
"En el juicio oral, además, la acusación particular solicita la ampliación de imputaciones a los delitos de lesiones y contra la integridad moral de la persona…".
"La implicación del Tripartito en este primer caso de 'mobbing' es clara. De entrada, los querellados Benet, Casals y Suárez Gixé han sido defendidos en todo momento por la cúpula de la Generalitat, que, a pesar de tratarse de un caso penal, decidió asumir el coste de la defensa jurídica de los tres querellados, nada menos que con la asignación de la letrada Esther Capella Farré, presidenta de los Juristas Demócratas catalanes (asociación de letrados próximos al Tripartito), conocida por su participación en la ponencia del Estatut y propuesta por el Tripartido para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
"Además, altos funcionarios de la Generalitat han presionado a la funcionaria para que retire su querella, e incluso han llegado a enviar mediadores, a partir del primer procesamiento del juez instructor".
"Por si fuera poco, Joaquim Nadal ha seguido el caso de la persecución de Begoña Solé desde su comienzo, en el año 2004, cuando la propia funcionaria le entregó toda la documentación. Por otra parte, se da la circunstancia de que Nadal está preocupado por las actuaciones de su hombre en Lérida, Jordi Benet, quien fuera accionista de referencia de la controvertida concesionaria de obras Proyectec SA, de la que ya informara Hispanidad, y que actualmente continúa realizando trabajos para la Consejería en Lérida".
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Contra el Tripartito catalán: primer caso en España de juicio penal por “mobbing” a una funcionaria |
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La Audiencia de Lérida procesa a un alto cargo de la Consejería de Política Territorial, que lidera Joaquim Nadal La Audiencia Provincial de Lérida, con fecha 25 de abril, ha emitido un auto de procesamiento penal contra Teresa Casals Escuer, jefa de Sección en Lérida de la Consejería de Política Territorial de la Generalitat, que lidera Joaquim Nadal Ferreres. Casals es cap de secció d’Actuació Administrativa i Regimen Sancionador del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, y la Sala de lo Penal de la Audiencia le acusa de un delito de coacciones a la funcionaria de la Consejería Begoña Solé. Tras un periodo de instrucción de dos años, los magistrados consideran que existen indicios de delitos y decretan la apertura de juicio oral. En estos dos años, la demandante aportó dos actas de la Inspección de Trabajo, que concluyeron en dos sanciones administrativos a la Consejería por valor de 5.000 y 40.000 euros respectivamente, por un ataque directo a la dignidad de la trabajadora y por adjudicarle trabajo de inferior categoría a los que le corresponden, trabajos “inútiles y penosos” (en concreto archivar papeles del año 1936). Ejemplo: archivar el expedientes de licencias de concesión de gasolineras de antes de la Guerra Civil, una tarea absolutamente prioritaria en la Administración pública catalana. En el juicio oral, además, la acusación particular solicita la ampliación de imputaciones a los delitos de lesiones y contra la integridad moral de la persona, acusaciones que no sólo pesaban sobre Teresa Casals sino sobre el máximo representante del conseller Nadal en Lérida, Jordi Benet y con su hombre de confianza José Suárez Gixé, hijo de José Suárez Peña, hasta hace un mes secretario general de la misma Consejería de Política Territorial. La implicación del Tripartito en este primer caso de ‘mobbing’ es clara. De entrada, los querellados Benet, Casals y Suárez Gixé han sido defendidos en todo momento por la cúpula de la Generalitat, que, a pesar de tratarse de un caso penal, decidió asumir el coste de la defensa jurídica de los tres querellados, nada menos que con la asignación de la letrada Esther Capella Farré, presidenta de los Juristas Demócratas catalanes (asociación de letrados próximos al Tripartito), conocida por su participación en la ponencia del Estatut y propuesta por el Tripartido para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, altos funcionarios de la Generalitat han presionado a la funcionaria para que retire su querella, e incluso han llegado a enviar mediadores, a partir del primer procesamiento del juez instructor. El temor del conseller Nadal, aún hombre fuerte del PSC, aunque políticamente disminuido tras el relevo de Pasqual Maragall por José Montilla, es que su hombre de confianza en Lérida, el precitado Jordi Benet, haya intervenido en el ‘mobbing’ a una trabajadora, en lo que sería la primera sentencia condenatoria por ‘mobbing’ en la Administración española. Por si fuera poco, Joaquim Nadal ha seguido el caso de la persecución de Begoña Solé desde su comienzo, en el año 2004, cuando la propia funcionaria le entregó toda la documentación. Por otra parte, se da la circunstancia de que Nadal está preocupado por las actuaciones de su hombre en Lérida, Jordi Benet, quien fuera accionista de referencia de la controvertida concesionaria de obras Proyectec SA, de la que ya informara Hispanidad, y que actualmente continúa realizando trabajos para la Consejería en Lérida. Tras la publicación de esta curiosa duplicidad: el delegado de obras Públicas de la Generalitat en Lérida es el fundador de una concesionaria de Obras Públicas que trabaja para la Generalitat. Antes de la publicación en este periódico electrónico del caso Proyectec, Benet había cedido su participación accionarial en la concesionaria a su hermana Inmaculada y hoy Proyectec es gestionada por su cuñado Antonio Vico Martín. En la Cataluña de hoy, marcada por el 3% de Maragall, casos como éste queman las manos. Por eso, resulta primordial para el actual presidente, José Montilla, que el presunto caso de 'mobbing' que salpica a la Conselleria de Política Territorial no termine en una sentencia condenatoria y, sobre todo, que la querella penal no se extrapole a toda la política de contratas del Gobierno catalán. Dicho de otra forma, Begoña Solé debía ser silenciada. Pero la Generalitat no contaba con la actitud decidida de la Inspección de Trabajo y de la forense-jefe de los juzgados leridanos, quienes han dictaminado las lesiones producidas por la conducta de los mencionados. O, al menos, por el momento, de Teresa Casals, que, para evitar riesgos mayores, ya ha sido discretamente relevada de su cargo en la Conselleria. |
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Asociaciones contra
el acoso laboral se concentran en Lleida al inicio del juicio contra
una alta funcionaria pública
Autor: http://actualidad.terra.es
Artículo sugerido por:
www.el-refugioesjo.net
Representantes de dos asociaciones contra el acoso laboral, Mobbing No
y la Asociación contra el Acoso Moral en el Trabajo (CLAM), extendieron
hoy una pancarta en la que se leía 'Basta mobbing' minutos antes del
inicio en el Juzgado Penal número 2 de Lleida del primer juicio en
España por un caso de acoso laboral en la administración pública.
28.01.2008
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martes, 29 de enero de 2008
PANORAMA
Primer juicio por ´mobbing´ contra la Administración
J. Ricou - 29/01/2008
TRIBUNALES Begoña S. rompió a llorar al recordar el calvario vivido durante nueve años en su trabajo. Begoña, funcionaria del servicio de Carreteras en Lleida, aseguró ayer en el primer juicio celebrado en España por acoso laboral contra un cargo de la Administración que su jefa, Teresa C., le ha amargado la vida. "Tonta, inútil, no sabes escribir, administrativa de mierda…", son algunas de las frases repetidas por Begoña al referirse a la relación con su superior. La funcionaria aseguró que le ordenaba funciones inútiles y degradantes. Begoña, arropada en el juicio por la asociación Contra el Acoso Moral en el Trabajo (CLAM), entró en una depresión por culpa de ese mobbing.La acusada, para la que el fiscal pide un año y medio de cárcel, uno menos que la acusación, negó los hechos y aseguró ...
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LA MAÑANA
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La Audiencia manda a
juicio a una jefa de Carreteres por ‘mobbing’ a una funcionaria |
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida ha admitido a trámite una denuncia por mobbing contra una jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida presentada por una funcionaria que estaba a su cargo. Tanto defensa, como acusación particular, como Ministerio Fiscal tendrá ahora diez días para presentar sus acusaciones y sólo faltará dar una fecha para que se celebre el primer juicio penal por mobbing en los Juzgados de Lleida. La denuncia se
presentó en abril de 2005 y relataba nueve duros años de presuntas
vejaciones, insultos y coacciones de su superior jerárquica Teresa
Casals, jefa de la sección de actuación administrativa y régimen
sancionador, contra la denunciante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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La jefa de
Carreteres niega haber hecho mobbing a una funcionaria |
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“Hay personas que experimentan reacciones psicóticas las cuales les hacen volverse en contra de su benefactor”, de esta manera resumió la acusada Teresa Casals a la representante del Ministerio Fiscal, cuál era la actitud de la trabajadora de Carreteras de Lleida que le denunció por mobbing cuando la imputada ejercía de jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida. Casals se sentó ayer
en el banquillo de los acusados imputada por ejercer un presunto acoso
laboral a una trabajadora a su cargo desde 1996 hasta 2005. El
Ministerio Fiscal solicitó una pena de un año y medio de privación de
libertad y 4.000 euros de indemnización a la víctima. Por su parte, la
acusación particular que representa los intereses de la perjudicada
solicitó en un principio una pena de prisión entre dos años y medio y
cinco años así como 140.000 euros de indemnización. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
El primer juicio por acoso laboral contra la administración en España paraliza una sanción de Trabajo de 40.000 euros
Europa Press - lunes, 28 de enero, 15.50
Según una testigo, una alta funcionaria de la Conselleria de Política Territorial insultaba a una subordinada LLEIDA, 28 (EUROPA PRESS) - El juicio por el primer caso de acoso laboral en la Administración pública en España, contra una jefa del Servicio de Carreteras de Lleida de la Conselleria de Política Territorial, por su trato a una trabajadora entre 1996 y 2005, tiene paralizada una propuesta de sanción de Inspección de Trabajo contra la Generalitat de 40.000 euros, por un ataque a la dignidad de los trabajadores.
Así lo declararon hoy en la vista oral celebrada en el Juzgado Penal número 2 de Lleida las inspectoras que llevaron el caso. Ambas propusieron dos sanciones, una de 5.000 euros y otra de 40.000.
La primera fue revocada por la actual consellera de Trabajo, Mar Serna, en su época de directora de Relaciones Laborales de la Generalitat, con el argumento, entre otros, de que una administración no podía sancionar a otra. La segunda quedó paralizada por la apertura del juicio.
La vista oral, que se prolongará durante la tarde, comenzó con la declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la misma Conselleria. En su declaración negó haber ordenado a la presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los de conserje, ni haberla amenazado con expulsarla. "Todavía no entiendo cómo ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que una persona a la que le he dedicado más que al resto, porque necesitaba más... No lo entiendo", declaró la acusada en el juicio.
La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos aseguró que le llamaba "tonta", le decía que no servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de conserje y le amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle a archivar expedientes muy antiguos.
En su declaración aseguró que le gritaba en la sala de juntas y a puerta cerrada y que en una época le puso un supervisor. "Tú no vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo", aseguró la denunciante que le dijo la acusada. "Tonta inútil, no sirves para nada", dijo también.
Una compañera de trabajo, Montserrat Sierra, aseguró haber escuchado también insultos. "Oí que le insultaba, que le estaba llamando tonta, le decía que por mucho que le enseñara nunca aprendería nada". Sobre los expedientes antiguos a los que hizo referencia la acusada, las inspectoras de trabajo, ahora trasladadas a Cáceres y Asturias, aseguraron que algunos eran tan viejos que se deshacían en las manos.
Antes del juicio, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel y la acusación particular cinco. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una actitud continua de "menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo".
La fiscal afirma que en el marco de esta dinámica acosadora obligó a la víctima "a hacer funciones de inferior categoría a la de oficial administrativa, la sobrecargaba de trabajo, así como de críticas hacia el mismo; y la ha intimidado diciéndole que no pararía hasta echarle de allí".
El escrito agrega que a consecuencia de este trato, la oficial administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de 2002 por un trastorno de acoso moral y psicológico. La fiscal apunta que aunque después se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha pedido bajas en mayo de 2003, en agosto de ese año y en abril de 2004, cuando estuvo de baja hasta enero de 2005. En esa fecha se incorporó, según la fiscal, "persistiendo la acusada en su actitud vejatoria" hacia la administrativa, lo que determinó que la víctima, el 2 de mayo de 2005, presentara una querella criminal contra su jefa.
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20minutos.es
Lleida
Lleida acoge el primer juicio por acoso laboral contra la administración en España
AGENCIAS. 28.01.2008
· La acusada es una jefa del Servicio de Carreteras de Lleida de la Conselleria de Política Territorial.
· Ordenaba a la presunta víctima trabajos de inferior categoría y la amenazaba con expulsarla.
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El juicio por el primer caso de acoso laboral en la Administración pública en España, contra una jefa del Servicio de Carreteras de Lleida de la Conselleria de Política Territorial, por su trato a una trabajadora entre 1996 y 2005, tiene paralizada una propuesta de sanción de Inspección de Trabajo contra la Generalitat de 40.000 euros, por un ataque a la dignidad de los trabajadores.
La acusada ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la misma Conselleria
Así lo declararon hoy en la vista oral celebrada en el Juzgado Penal número 2 de Lleida las inspectoras que llevaron el caso. Ambas propusieron dos sanciones, una de 5.000 euros y otra de 40.000. La primera fue revocada por la actual consellera de Trabajo, Mar Serna, en su época de directora de Relaciones Laborales de la Generalitat, con el argumento, entre otros, de que una administración no podía sancionar a otra.
La segunda quedó paralizada por la apertura del juicio. La vista oral, que se prolongará durante la tarde, comenzó con la declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la misma Conselleria.
En su declaración negó haber ordenado a la presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los de conserje, ni haberla amenazado con expulsarla. "Todavía no entiendo cómo ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que una persona a la que le he dedicado más que al resto, porque necesitaba más... No lo entiendo", declaró la acusada en el juicio.
La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos aseguró que le llamaba "tonta", le decía que no servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de conserje y le amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle a archivar expedientes muy antiguos.
Mantuvo hacia la víctima una actitud continua de menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo
En su declaración aseguró que le gritaba en la sala de juntas y a puerta cerrada y que en una época le puso un supervisor. "Tú no vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo", aseguró la denunciante que le dijo la acusada. "Tonta inútil, no sirves para nada", dijo también. Una compañera de trabajo, Montserrat Sierra, aseguró haber escuchado también insultos.
Antes del juicio, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel y la acusación particular cinco. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una actitud continua de "menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo".
Asociaciones contra el acoso laboral se concentran en Lleida al inicio del juicio contra una alta funcionaria pública
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Europa Press - lunes, 28 de enero, 10.27
LLEIDA, 28 (EUROPA PRESS) - Representantes de dos asociaciones contra el acoso laboral, Mobbing No y la Asociación contra el Acoso Moral en el Trabajo (CLAM), extendieron hoy una pancarta en la que se leía 'Basta mobbing' minutos antes del inicio en el Juzgado Penal número 2 de Lleida del primer juicio en España por un caso de acoso laboral en la administración pública.
La Fiscalía de Lleida pide un año y medio de cárcel para una jefa del Servicio Territorial de Carreteras de Lleida, de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, por acoso laboral a una oficial administrativa.
En el juicio, la fiscal pedirá también el pago a la víctima de 4.000 euros por las lesiones causadas. Por su parte, la acusación particular pide entre dos y cinco años de cárcel y una indemnización de 140.000 euros
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, la acusada, Teresa C.E. era superior jerárquica de la víctima, B.S.M., entre 1996 y 2005. La fiscal argumenta que durante ese tiempo Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima "una actitud continua de menosprecio y acoso con la finalidad de que B.S.M. abandonase su puesto de trabajo".
La fiscal afirma que en el marco de esta dinámica acosadora obligó a la víctima "a hacer funciones de inferior categoría a la de oficial administrativa como la de conserje o auxiliar administrativa, la sobrecargaba de trabajo, así como de críticas hacia el mismo; y la ha intimidado diciéndole que 'no pararía hasta que la echara de allí'".
El escrito agrega que a consecuencia de este trato, la oficial administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de 2002 por un trastorno de acoso moral y psicológico. La fiscal apunta que aunque después se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha pedido bajas en mayo de 2003, en agosto de ese año y en abril de 2004, cuando estuvo de baja hasta enero de 2005.
En esa fecha se incorporó, según la fiscal, "persistiendo la acusada en su actitud vejatoria" hacia la administrativa, lo que determinó que la víctima, el 2 de mayo de 2005 presentara una querella criminal contra su jefa.
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Una cap de Carreteres de Lleida nega haver assetjat laboralment una treballadora i aquesta assegura que la insultava i l'amenaçava
28/01/08
TV 3/24
Lleida.- Una cap de secció del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, Teresa C., ha negat aquest dilluns, durant el judici que s'està celebrant al jutjat Penal número 2 del Canyeret, haver fet assetjament laboral a una de les seves treballadores de la secció. Per contra, la denunciant, Begoña S., ha declarat que des de l'any 1999 va començar a tenir problemes amb la seva superior, tot i que no n'era conscient, i que a partir del 2002 es va adonar realment que estava sent sotmesa a insults i amenaces diverses. D'entrada, l'acusació particular demana una pena de presó i inhabilitació de càrrec públic que està situada entre els dos anys i mig i cinc anys, així com 140.000 euros d'indemnització a la denunciant. Per la seva part, el ministeri fiscal sol·licita un any i mig de presó i 4.000 euros d'indemnització.
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